En la última sesión de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, liderada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se aprobó la política de financiamiento y riesgos agrícolas para 2025. Esta política, enfocada en el “Año de la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria”, contempla entre 38 y 43 mil millones de pesos para crédito al desarrollo agrícola.
La política se centra en cinco áreas clave: apoyo a la reforma agraria, transición a sistemas agroalimentarios sostenibles, gestión de riesgos y fortalecimiento de las asociaciones, según un comunicado de prensa del gobierno. Su objetivo es democratizar el crédito agrícola, con un enfoque en los pequeños y medianos productores para promover el desarrollo rural y proteger las economías locales.
“Hemos incluido dentro de nuestras medidas de política pública incentivos para la asistencia técnica, para la promoción del ahorro y para que nuestras organizaciones de productores tengan una cierta posibilidad de contar con recursos para incentivar la producción agrícola”, dijo Martha Carvajalino, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural.
El Plan de Crédito Indicativo destina entre 5.3 y 5.7 mil millones de pesos para la inclusión de pequeños productores, de 2 a 2.5 mil millones de pesos para fortalecer la inclusión financiera de las mujeres rurales, alrededor de 11 mil millones de pesos para la producción de alimentos y aproximadamente 2 mil millones de pesos para actividades relacionadas con el clima. mitigación y adaptación al cambio.
El Plan Anual de Incentivos está dirigido a los grupos más vulnerables, incluidos pequeños productores de bajos ingresos, mujeres rurales, jóvenes, comunidades étnicas, víctimas del conflicto armado y personas reintegradas, a través de Líneas de Crédito Especiales (LEC).
El Plan Anual de Gestión de Riesgos aprobado para 2025 invertirá 221 mil millones de pesos en una estrategia integral de gestión de riesgos agrícolas. Además, el Incentivo Integral para la Gestión de Riesgos Agropecuarios (IIGRA) se reestructurará en cuatro áreas: apoyo técnico a la gestión de riesgos, promoción del ahorro, transferencia de riesgos agrícolas e inclusión crediticia.
